Adoptado el 4 de marzo de 2018 en Escazú, Costa Rica, el acuerdo regional busca garantizar la completa y efectiva implementación en América Latina y el Caribe de los derechos de acceso a información ambiental, participación pública en procesos de toma de decisiones ambientales y acceso a la justicia en asuntos ambientales, así como la creación y el fortalecimiento de capacidades y cooperación, contribuyendo a la protección de todas las personas de las generaciones presentes y futuras a vivir en un medio ambiente sano y al desarrollo sostenible.