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Normativa Internacional

Normativa Internacional

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1992-06-01
Convenio sobre la Diversidad Biológica

El Convenio de Naciones Unidas sobre la Diversidad Biológica (CDB) fue negociado bajo el auspicio del Programa de Naciones Unidas para el Medio Ambiente y quedó abierto a la firma en la Conferencia de las Naciones Unidas sobre el Medio Ambiente y el Desarrollo, denominada “Cumbre de la Tierra”, celebrada en Río de Janeiro en junio de 1992. Entró en vigor el 29 de Diciembre de 1993 y constituye un tratado internacional casi universal, ya que cuenta con más de 196 Partes Contratantes. La Unión Europea, España y el resto de Estados Miembros son Partes del Convenio. España firmó el Convenio el 13 de Junio de 1992 y lo ratificó el 21 de diciembre de 1993.

2003-09-01
Protocolo de Cartagena

El Protocolo de Cartagena fue adoptado como un acuerdo complementario al Convenio sobre la Diversidad Biológica y entró en vigor en septiembre de 2003. El Protocolo busca proteger la diversidad biológica atreves de la administración de los movimientos entre países de organismos vivos modificados (OVM) que resulten de la aplicación de la tecnología moderna y establece un procedimiento de acuerdo fundamentado previo para garantizar que los países cuenten con la información necesaria para tomar decisiones acerca de la importación de organismos vivos modificados a su territorio.

2014-10-12
Protocolo de Nagoya

El Protocolo de Nagoya entró en vigor el 12 de octubre de 2014 y desarrolla el tercer objetivo de El Convenio sobre la Diversidad Biológica (CDB) , es decir, las instrucciones sobre el acceso a los recursos genéticos y la participación justa y equitativa de los beneficios derivados de su utilización.

2018-03-04
Acuerdo de Escazú - Acuerdo Regional sobre el Acceso a la Información, la Participación Pública y el Acceso a la Justicia en Asuntos Ambientales en América Latina y el Caribe

Adoptado el 4 de marzo de 2018 en Escazú, Costa Rica, el acuerdo regional busca garantizar la completa y efectiva implementación en América Latina y el Caribe de los derechos de acceso a información ambiental, participación pública en procesos de toma de decisiones ambientales y acceso a la justicia en asuntos ambientales, así como la creación y el fortalecimiento de capacidades y cooperación, contribuyendo a la protección de todas las personas de las generaciones presentes y futuras a vivir en un medio ambiente sano y al desarrollo sostenible.